Un decreto como 395/92 no puede modificar una ley de la nación, así de simple. Un decreto no puede modificar una ley. El ordenamiento jurídico de nuestra república no admite la posibilidad de que el Poder Ejecutivo tenga injerencia en la modificación de leyes por la vía de decretos.
La Corte Suprema dictaminó ayer la inconstitucionalidad del decreto 395 que en 1992 liberó a Telefónica y Telecom de la obligación de emitir bonos de participación en las ganancias para el personal beneficiado con el Programa de Propiedad Participada (PPP) implementado luego de la privatización.
No hay comentarios:
Publicar un comentario