La otra cara de Oscar Aguad

UNIVERSIDAD DE ENSEÑANZA DE PRO

ESTE ES EL CAGADOR DEL PROYECTO 
DE COBRAR LOS BONOS PARTICIPATIVO 
A LA
 GANANCIA

LA MAYOR ESTAFA EN LA HISTORIA DE CORRIENTES

Corrientes es otra vez engañada, burlada, estafada. Se resolvió después de tantas denuncias y presentaciones judiciales que quien robo millones de pesos a esta provincia se encuentre “libre de culpa y cargos”. La Corte consideró que se había excedido el “plazo razonable” para llegar a una sentencia definitiva, y cerró la investigación, indica el comunicado dado a conocer ayer.

Es el famoso caso conocido como de los 60 millones de dólares. El estado de la misma: La Corte cerró la causa. 

Oscar Aguad fue interventor de la ciudad de Corrientes en el año 1999 al 2001. 

Se inició la primera denuncia el 29 de noviembre de 2001, luego de advertirse que el préstamo tomado al banco de la Nación en agosto de 2.000 en millones de dólares, fue robado de la forma más desfachatada.

La montaña de dólares que arribaron en octubre de ese año a las arcas provinciales destinado a la municipalidad de Corrientes para amortizar pasivos con organismos descentralizados (IPS y el IOSCor) y deudas contraídas con anterioridad, fueron canjeados por CECACOR. 

El ahora diputado nacional estaba procesado por una supuesta defraudación con bonos. 

Todavía se desconoce el destino de 60 millones de dólares.

Antecedentes del trámite penal 

La Causa Nº50650 se inicia con la presentación del ingeniero civil Rodolfo Amilcar Paladini por ante la Fiscalía de Instrucción Nº2, por ese entonces a cargo Cesar Pedro Sotelo, hoy fiscal General de la provincia, el 29 de noviembre de 2001. Caratulada: “PALADINI RODOLFO AMILCAR S/DENUNCIA - CAPITAL”, la acusación apunta contra Raúl Oscar Aguad Beily y otros, por el descomunal defalco perpetrado entre agosto y octubre del año 2.000, identificada en la jerga periodística como el “ROBO DEL MILENIO”. Posteriormente la denuncia fue remitida desde el Juzgado de Instrucción Nº5 al Juzgado Federal de Corrientes con el 14 de diciembre de de ese año por razones de competencia. También se le caratuló con el mismo rótulo y ahora bajo el expediente Nº 919/01......................................................

Terrible acusación contra Oscar Aguad por encubrir a genocidas durante su gestión en Córdoba

Se trata de Carlos Yanicelli, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, y jefe de inteligencia de la policía de Córdoba durante la gestión de Aguad.

"Él figuraba en el Nunca Más de la CONADEP y ya contaba con un procesamiento en 1987 que luego se cayó por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida", relató uno de los torturados por Yanicelli al portal de noticias.

Luis Urquiza, un ex policía torturado por negarse a participar de actos ilícitos, fue llamado por el propio Aguad a su despacho donde estableció una especia de defensa: "Aguad me dijo que desconocía el pasado de Yanicelli, uno de los más reconocidos torturadores de la provincia. Mencionó que era un buen policía y que estaba haciendo una buena tarea".

Pero el hombre continuó denunciando: "En la segunda reunión Aguad me pidió que me callara la boca y bajara el perfil que estaba teniendo, que dejara de ir a los medios a denunciar a Yanicelli porque de lo contrario no iba a poder garantizar mi seguridad".

Después de la segunda reunión que mantuvo con Aguad y tras las amenazas que sufría a diario, Urquiza y su esposa decidieron regresar a Dinamarca, ya en 1997, para volver a instalarse allí, dado que la propia gobernación de Córdoba no podía garantizarle la seguridad.

"Me llamó para pedirme encarecidamente que no me fuera porque ellos pagarían un costo político muy alto, y me ofreció seguridad, trabajo y una casa para que me quedara en el país", denuncia Urquiza, quien logró condenar a varios genocidas por sus testimonios en los juicios por delitos de lesa humanidad.

El propio denunciante también acusó a Aguad en el juicio realizado contra Jorge Rafael Videla y Benjamín Menéndez en Córdoba en 2010. Aguad negó todo, aunque los documentos de El Destape muestren lo contrario.

Aguad había recibido en 1996, un año antes que se saltara el escándalo, una interpelación del diputado Atilio Tazzioli sobre la participación de Yanicelli en la represión ilegal y había salido en defensa del genocida. 

A su vez, es necesario destacar que Urquiza, quien se convirtió en el primer exiliado en democracia, no fue el único que denunció la complicidad de Oscar Aguad sobre genocidas: ese mismo año, el propio fiscal de Estado Alberto Zapiola le relató a Mestre personalmente las atrocidades que figuraban en el expediente de Yanicelli, a lo que el entonces gobernador, sorprendido, le confesó: "No puede ser, si El Milico dice que es uno de los nuestros, que es de confianza". 

Imputan a Macri y a Aguad por el acuerdo del Correo

El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó formalmente al presidente Mauricio Macri, al ministro de Comunicaciones de la Nación Oscar Aguad y al director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio Juan Manuel Mocoroa en el marco de las denuncias penales que se hicieron por supuestos delitos por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino.

En un dictamen al que tuvo acceso minutouno.com el fiscal impulsó la acción penal con el objeto de iniciar una investigación para "corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal" tramitado en el expediente sobre el concurso del Correo.

"En la presente investigación se deberán verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores que intervinieron a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada", sostuvo el fiscal.

Zoni tomó en cuenta las presentaciones efectuadas por el abogado Daniel Igolnikov y por Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro. 

De las denuncias surge una audiencia realizada en junio de 2016 entre funcionarios del Gobierno, en cabeza de Mocoroa, y el Correo Argentino, propiedad de la familia Macri.

Según remarcaron los denunciantes, el Estado ofreció cobrarle al Correo Argentino el 50 por ciento de la deuda y a pagar en el 2032 y 2033.

En ese sentido, advierten que tomando en cuenta los intereses de la deuda original que era de 296 millones de pesos, hubo una quita de 70.163 millones de pesos, el 98,82 de la quita de la suma original.

Además, los denunciantes tomaron en cuenta que el Correo Argentino es controlado por SIDECO S.A., que a su vez está asociada a SOCMA S.A., siendo ésta última la sociedad insignia de la familia Macri, a través de su padre Franco.

Las acusaciones judiciales aseguran que Mocoroa, quien ya dejó el cargo que ocupaba, actuó bajo las órdenes de Macri, al realizar una "propuesta abusiva, irrazonabale y ruinosa para los intereses de la comunidad".

También, los denunciantes agregaron que el propio Macri cedió sus acciones de SOCMA, pero se quedó con un "usufructo" de las mismas, por lo que continúa siendo beneficiario económico del holding.

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NEGOCIADO DE CLARÍN 

PRIMERO LO DENUNCIA Y LUEGO ES  EL DUEÑO

Imputan a varios Funcionarios por no controlar a las empresas telefónicas

El fiscal federal Federico Delgado, imputó y pidió investigar al ministro Oscar Aguad y a otros exfuncionarios.

20/10/2016 01:45 p.m

El fiscal federal Federico Delgado, imputó y pidió investigar a funcionarios y ex funcionarios por la presunta omisión de controlar desde el 2008 y hasta el presente la obligación de las empresas Telecom y Telefónica de dar participación a sus trabajadores en las ganancias, tras la privatización de la ex Entel, según un dictamen conocido hoy.

Delgado impulsó la investigación e imputó al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, a miembros del Enacom (Ente de contralor de las comunicaciones) y a ex funcionarios que ocuparon esos cargos y otros, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, dice el dictamen al que accedió Télam.

El fiscal pidió al jeuz federal Sebastián Casanello que abra una investigación y eventualmente cite a declaración indagatoria a los impuatdos, entre ellos Aguad, funcionarios del Enacom Miguel de Godoy, Silvana Giudici, Alejandro Pereyra y Heber Martínez "y a todos los que ocuparon esos cargos desde el 2008".

Y también incluyó a quienes desde el 2008 al presente estuvieron a cargo de la "Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFtic), la Secretaría de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Comunicaciones y del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios".

"Esas órbitas del Poder Ejecutivo Nacional debieron controlar, sancionar e incluso revolar las licencias concedidas para la prestación de un servicio público ante el incumplimiento manifiesto de lo dispuesto por la ley y el Pliego de Bases y condiciones", según el dictamen fiscal.

"El interrogante abierto es por qué no se realizaron controles ni se impusieron penalidades ni se revocaron licencias", cuestionó en el dictamen,

Para Delgado hubo una "omisión de control ante el evidente incumplimiento contractual de las empresas adquirentes de la ex Entel", según consideró al impulsar la denuncia presentada por la abogada Liliana Zabala.

Y determinó que el delito se cometio´desde el 2008, fecha en la cual tras una larga batalla judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló sobre el tema y puso fin a una aludida "indeterminación jurídica en lo relativo a las condiciones impuestas por la ley".

"La desaparición de esa indeterminación es punto de corte en relación a la legislación aplicable y colocó en cabeza de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional con competencias específicas la responsabilidad de controlar que las empresas cumplan con los contratos", consideró el fiscal.

La ley 23696 de reestructuración del Estado impuso los programas de propiedad participada y participación de ganancias y para el personal, con la emisión de bonos de participación y le dio al Poder Ejecutivo el poder de contralor, recordó Delgado.
                                               

"Los empleados se vieron enredados hasta la actualidad en un sinnúmero de juicios mientras las empresas, amparadas por la falta de control del Estado, nunca cumplieron con sus obligaciones derivadas de los pliegos de bases y condiciones", concluyó el fiscal.